El informe del Departamento de Estado de EE.UU sobre Colombia:

¿Estaremos a punto de ser declarados país no viable?

AnaMercedes Gómez Martínez

Después de leer las 57 páginas del informe sobre Colombia 2014-2015 del Departamento de Estado de Estados Unidos me surgen muchos interrogantes sobre temas específicos que trata dicho informe. He hecho una traducción de los puntos que me parecen más graves. Advierto que esta no es una traducción oficial.

Dice que las elecciones presidenciales en que fue reelegido J. M. Santos fueron libres y justas. No puedo olvidar el largo silencio entre el segundo y el tercer boletín de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En el segundo, ganaba Óscar Iván Zuluaga, quien había triunfado en primera vuelta. En el tercero, contado el 85% de los votos, ganaba Santos. Y por más que el 15% restante fueran votos por Zuluaga, ya el presidente era Santos. Ya se habían sumado votos de regiones en donde era vox populi que había habido mermelada a montones. ¿Se puede, entonces, afirmar que las elecciones fueron libres y justas?

Dice después que los problemas relativos a los derechos humanos fueron la impunidad, el desplazamiento forzado, la corrupción y la discriminación social. Creo yo que esos siguen siendo problemas. Basta preguntarles a campesinos y a habitantes de miles de barrios en cascos urbanos.

Se refiere a un ineficiente sistema de justicia, sometido a intimidación que limitó al Gobierno para actuar. Que las ganancias del tráfico de drogas a menudo aumentaron la corrupción, los asesinatos extrajudiciales e ilegales.

Que los grupos armados ilegales, incluidas Farc, Eln y Bacrim cometieron abusos y asesinatos políticos. Que a 31 de julio, el 36.4% de los detenidos lo eran antes de ser juzgados y que algunos fueron liberados porque cumplieron un tercio de la pena máxima correspondiente a los cargos que se les imputaban. ¿No estamos ahora en las mismas o peor?

Dice el informe que, en general, el Gobierno respetó la independencia de la rama judicial y que declaró que no había detenidos políticos. Ahí mismo pensé en Bernardo Moreno, Diego Palacios, Sabas Pretelt, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, Luis Alfredo Ramos y la lista sigue y es larga.

Después dice que los que antes eran paramilitares, (no autodefensas) y las Farc se robaron el 80% de tierras que llegarían a 9.9 millones de acres y que pertenecían a pequeños propietarios. Y que de estas, sólo fueron reclamadas unas pocas por el Gobierno después de la desmovilización de las AUC en 2006. Leo esto y recuerdo lo difícil que ha sido y será el problema de restitución de tierras.

Mencionan el oscuro tema de Andrómeda, tomado de Semana, y recuerdo que esto influyó para quitarle votos en la segunda vuelta presidencial a Óscar Iván Zuluaga. Cada acción tiene una consecuencia, a veces perversa. ¿O no?

Luego habla el informe de las minas antipersonal y afirma que las Farc son las que más las usan, lo mismo que armas no convencionales. Creo que se refieren, por ejemplo, a los cilindros bomba. Y que tanto Farc como Eln tratan mal a sus prisioneros, incluyendo a los heridos y personas enfermas. (Secuestrados, diría yo). ¿No va esto contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, DIH?

Y entra al triste capítulo de la violencia sexual en el que afirma que esta se mantuvo como una de las principales herramientas usadas por los grupos armados ilegales para atemorizar y lograr el desplazamiento forzado. Y que según la ONU estos grupos mataron o atemorizaron a niños con la muerte por sospecha de que eran informantes al servicio de los militares. Que el ICBF informa que la edad promedio del menor reclutado es de 12 años. Que hasta julio había desmovilizado a 5.800 menores. ¿Qué sentirán esos niños, el futuro de Colombia?

Dice el Departamento de Estado que las Farc y otros usaron a niños como combatientes y reclutadores de otros niños para ser espías, recoger información de inteligencia, servir como esclavos sexuales y proveer apoyo logístico. Las Farc han forzado a las mujeres a abortar entre una y siete veces. ¿Cómo queda la autoestima de estos niños y jóvenes? ¿Su salud mental?

El 8 de junio, dice el informe, las Farc dirigieron cinco ataques al oleoducto Transandino y produjeron un derrame de crudo de 410 mil galones que cayeron a la red fluvial del departamento de Nariño. Y secuestraron 19 carros tanque con crudo en Putumayo. En esta acción forzaron a los conductores a derramar 130 mil galones en la carretera y dañaron el ecosistema y afectaron a los habitantes que dependen de este ecosistema para vivir. Y esto, mientras seguían los diálogos habaneros.

Las guerrillas, agrega el informe, usan, rutinariamente, a civiles como escudos, para defenderse de la Fuerza Pública y desplazan campesinos a la fuerza para despejar las rutas de tránsito de la droga y el armamento en zonas estratégicas. También han impuesto bloqueos de facto a las comunidades en regiones donde tienen influencia significativa.

Bandas, Farc y Eln han entrado a la fuerza a casas, monitoreado las comunicaciones y forzado desplazamientos o llevado gente, a lo largo de puntos clave de tránsito de la droga y para despejar áreas de minería.

El Gobierno, dice el informe, ha influido frecuentemente en la prensa, en parte a través de su presupuesto de publicidad. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, reportó 91 incidentes de secuestro, acoso a periodistas y el asesinato de cuatro. El 10 de septiembre fue asesinada Flor Alba Nuñez cuando entraba a la emisora en que trabajaba en Pitalito. También se da el caso de autocensura.

Los mismos autores ya mencionados han matado a siete educadores, amenazado y desplazado a otros y sus familias por razones políticas y financieras, lo que los ha llevado a tener bajo perfil y evitar discutir temas controvertidos. Y establecen retenes ilegales en carreteras rurales, especialmente en Putumayo, Arauca, Antioquia y Norte de Santander.

La corrupción gubernamental es un problema y, según el Banco Mundial, los ingresos por narcotráfico aumentaron la corrupción.

Según la ONG Somos Defensores, 34 activistas de derechos humanos fueron asesinados y 332, amenazados.

Las bacrim forzaron esterilización en Santa Marta.

Después de esta traducción resumida, muchos nos preguntamos: ¿Es este el camino para la paz con dignidad que Colombia se merece? ¿Podrá haber impunidad para tantos delitos atroces? ¿Merecen llegar al Congreso quienes los cometen? ¿Cómo se va a acabar con el narcotráfico, cuando produce tanto dinero que guardan los narcoterroristas? ¿Aceptarán un sueldo digno pero infinitamente menor que lo que les entra por el comercio ilegal de alucinógenos y la minería, igualmente ilegal?

Tenemos que perdonar y tragar muchos sapos. Pero, ¿estos grupos violentos sí estarán dispuestos a dejar de cometer tantos crímenes, a pedir perdón, a reparar a sus víctimas y a comprometerse a nunca más delinquir? Ojalá este equivocada y Colombia tenga un futuro despejado, con una amplia clase media, seguridad personal y jurídica, cero corrupción y desarrollo integral. ¿Estaremos a punto de ser declarados país no viable? ¿Dónde está la coherencia?