Opinión: Kerry les pide a los colombianos que capitulen ante las FARC

Por MARY ANASTASIA O’GRADY                      Escriba a O’Grady@wsj.com

domingo, 27 de marzo de 2016 19:36 EDT

Un día antes de los atentados terroristas de la semana pasada en Bruselas, John Kerry se reunió con los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana.

El encuentro produjo fotos de los criminales de guerra colombianos vistiendo guayaberas en punto de blanco alrededor de una larga mesa junto al Secretario de Estado de Estados Unidos. Las FARC no perdieron tiempo para usar las imágenes como propaganda. “Esperamos que en consecuencia, nos reconozcan como una fuerza política empeñada en la expansión de la democracia y el progreso social de Colombia”, anunciaron.

Cuatro días después, Kerry se encontraba en la capital belga para ofrecer condolencias al primer ministro Charles Michel y prometer que nunca cederá ante Estado Islámico: “No descansaremos hasta que hayamos eliminado sus creencias nihilistas y su cobardía de la faz de la Tierra”, señaló.

Un buen número de colombianos se sienten de la misma forma respecto de las FARC. El grupo respaldado por Castro ha librado una insurgencia contra la democracia colombiana que ha cobrado cerca de 220.000 vidas. Es uno de los mayores carteles de la droga del mundo. El Departamento de Estado incluye a las FARC en su lista de organizaciones terroristas. Dos de los líderes del grupo guerrillero que se reunieron con Kerry han sido sentenciados en ausencia, en cortes colombianas, a 13 años de prisión por reclutar menores, incluyendo niñas que fueron usadas como objetos sexuales.

No obstante, el gobierno del presidente Barack Obama dice que los colombianos deben confiar en las FARC y dejar que todos sus miembros, incluyendo sus líderes, eludan el castigo e ingresen a la política para así garantizar la paz. ¿Aceptarían los estadounidenses un acuerdo semejante?

La hipocresía no escapa a los colombianos, que difundieron en las redes sociales sus objeciones. La ex ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez tuiteó: “Después de la reunión de Kerry con las FARC estoy pendiente de cuándo será la reunión con el Chapo Guzmán”.

Miguel Gómez Martínez, sobrino del asesinado candidato presidencial Álvaro Gómez, tuiteó: “Que alguien me explique por qué los de Bruselas son terroristas y los del Nogal” —El club social donde las FARC explotaron una bomba en 2003— “son ideólogos que merecen impunidad”. El congresista colombiano Federico Hoyos tuiteó: “Señor Secretario, Colombia es uno de los países con la mayor cantidad de minas antipersonales del mundo gracias a la estrategia de terror de las FARC”.

El doble estándar es obvio. Sin embargo, el gobierno de Obama está comprometido con los cinco años de negociaciones —en La Habana— entre el gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y las FARC. Santos no ha conseguido ni una sola concesión por parte de los terroristas. Las FARC dicen que no pasarán un solo día en la cárcel, no entregarán sus armas al gobierno, no renunciarán a las ganancias generadas por secuestros, narcotráfico y extorsión y no compensarán esos millones a sus víctimas. Santos, por su lado, ha roto múltiples promesas a los colombianos, incluyendo la de no darles amnistía a los terroristas.

Durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en septiembre, Santos anunció que los negociadores habían logrado un plan para desarrollar una “justicia transicional”. El mandatario agregó que tendrían un acuerdo final firmado en seis meses.

Sin embargo, el plan se ha estancado en parte porque promete que no habrá cárcel para los líderes de las FARC que confiesen sus delitos, algo a lo que se opone el 90% del país, según una encuesta reciente de Colombia Opina.

El plan también pone a los militares en el mismo plano legal que los terroristas, ofreciendo a los soldados la posibilidad de confesar un crimen de guerra cuando sean acusados para evitar el castigo o enfrentar años en prisión mientras sus casos atraviesan un sistema judicial que a menudo es hostil. Las fuerzas armadas de Colombia fácilmente podrían ser destruidas bajo este esquema, mientras que los delincuentes de las FARC quedan libres.

El 10 de febrero, el vicefiscal de la Corte Penal Internacional expresó escepticismo ante el experimento judicial de Santos. “La justicia importa”, dijo James Stewart en una reunión de la Organización de Estados Americanos. “El sufrimiento de las víctimas y las comunidades —afectadas por los atroces crímenes masivos— importa. Todo esto importa si queremos construir un país más justo y pacífico”.

En una entrevista con María Celeste Arrarás en Telemundo, un canal en español de EE.UU., Kerry defendió el martes en La Habana las negociaciones entre Santos y las FARC al asegurar que no son las FARC sino “milicias de derecha” las que están “incrementando la violencia”. Eso contradice los hechos.

Según la ONU, entre los 166.000 colombianos desplazados por la violencia en 2015, 37% huyó de las FARC, 31% huyó de su primo terrorista, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y 13% huyó de las bandas delictivas con las que trabajan. Una carta reciente del alcalde de San Vicente del Caguán a Santos describió las vidas aterrorizadas de la población sujeta a una extorsión incesante de las FARC.

Cuando Arrarás lo presionó, Kerry dijo que “si nuestra actitud es que tenemos que matar a todos los que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde estaríamos con Alemania y Japón?”. Le tengo noticias, señor secretario: Alemania y Japón se rindieron.

Desde el asfalto

¿Cincuenta sapos? ¡Si nos ahogamos con diez!

AnaMercedes Gómez Martínez

Somos muchos quienes creemos que las zonas de concentración de los guerrilleros de las Farc no deberían estar en sus áreas de influencia. La razón es que ellos no están en dichas zonas por casualidad sino porque allí se presentan diversos factores que tienen que ver con su accionar criminal.

Analicemos una a una, las diez que salieron publicadas en El Colombiano, advirtiendo que, hasta el momento de escribir este análisis, este grupo guerrillero está pidiendo que no sean diez sino 50, que cubrirían prácticamente todo el territorio nacional.

La zona 1 abarcaría parte de Cauca y de Valle. En esta zona la guerrilla tiene cultivos de hoja de coca, municiones y minas antipersona, además, recluta menores. Si tiene cultivos, seguramente también tiene laboratorios de producción de pasta de coca. Pero lo peor es que es zona estratégica que comunica con el oriente del país y con el océano Pacífico, por donde sacan alucinógenos y entran armas, uniformes, munición y otras cosas que puedan necesitar. Mientras tanto, sus capitales quedan bien guardados quién sabe en qué paraísos fiscales.

La zona 2 estaría en Meta y Guaviare, Muy cerca de Vaupés, Caquetá, Tolima, Huila y Cauca. Allá pasa lo mismo que con la Zona 1. Y un agravante: Está El Caguán, terreno que se conocen palmo a palmo y donde el Alcalde ha denunciado su presencia en labores extorsivas. De ahí pasan facilito a la región del Sumapaz y a Bogotá. Por ahí se mueve la Columna Teófilo Forero, la que metió el carro bomba en el Club El Nogal, que mató a muchos y dejó discapacitadas a personas de distintas edades. Esta columna también puso la bomba Lapa, tecnología ETA, con la que quisieron asesinar al ex ministro y periodista Fernando Londoño Hoyos. A él no lo mataron, pero sí a sus dos escoltas y dejaron decenas de heridos en medio de un caos destructivo.

La zona 3 queda en Nariño, frontera con Ecuador, zona invadida de coca, porque en acuerdo con Rafael Correa, se abandonó la fumigación aérea. Allá también debe haber laboratorios, porque sacan muy fácilmente la droga por Tumaco, región que dominan. Los tumaqueños, muy cercanos a Putumayo, zona donde impera la ley de las Farc, se sienten abandonados por el Gobierno.

La zona 4 queda en un punto geoestratégico, el mejor de Suramérica, que comparten el Sur de Córdoba, el Urabá antioqueño y Chocó: El Nudo de Paramillo. Allí tienen un corredor que los conecta con Chocó, pasando por Mutatá. En cuestión de nada salen al río Atrato, al Golfo de Urabá en el Caribe colombiano, y a la parte Norte del litoral pacífico chocoano. Obvio que allá hay toda la cadena de la coca y alianzas con las peores bacrim, porque negocio es negocio. Desde ahí dominan el Urabá chocoano, antioqueño y cordobés. Y pasan a Urrao en donde queda La Encarnación, el sitio en donde asesinaron con un tiro de gracia por la espalda al gobernador Guillermo Gaviria, a su asesor de paz, el exministro Gilberto Echeverri y a siete soldados. Hubo un sobreviviente que contó semejante crueldad. En las estribaciones de las Serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, que nacen en el Paramillo, están Cerro Matoso, productor de ferroníquel y la represa de Urrá.

La zona 5 corresponde a Norte de Santander, zona limítrofe con Venezuela. Obvio que está toda la cadena de la coca, municiones y minas antipersonas. Ni para qué decir que es un corredor para pasar al vecino país, al Sur de Bolívar, al Cesar y a la Guajira.

La zona 6 queda en Arauca, departamento limítrofe con Venezuela. De todos es sabido que los guerrilleros pasan la frontera por el río del mismo nombre, como quien pasa de una calle a otra. Allá también está la cadena de la coca que muy seguramente sale por Venezuela para distintos puntos del planeta.

La zona 7 queda en los límites de Tolima y Huila, sitio estratégico para pasar al Valle, a Cauca y al Meta y todos los antiguos territorios nacionales. En esta zona ha habido presencia armada y pedagogía modelo Conejo.

La zona 8 queda en Putumayo, límites con Ecuador y Perú. Allí hay cultivos ilícitos y, cruzando el río, quedaba el campamento muy bien montado en donde se refugiaba Raúl Reyes, con vías para llegar hasta Quito. Pero esta zona prácticamente está unida a la zona 9, Caquetá, donde también están todos los eslabones de la coca y hay comunicaciones fáciles con Meta y Guaviare, la tristemente famosa región del Caguán. Hay que advertir que en este lugar las Farc aspiran a tener la República Independiente de Caquetania, en caso de que su poder no se extienda a todo el resto del país.

La zona 10 es toda la Guajira, con su vecina Venezuela, Paraguachón y Conejo. Además, tan vecina de Cesar, que allí pernoctaron los guerrilleros que, armados hasta los dientes, hicieron “pedagogía por la paz” a personas llevadas en cantidades de buses. Toda una logística excelente, que quién sabe a quiénes tuvo detrás para que no faltara ni un detalle. No olvidemos que en la Guajira está la Drummond que explota la más grande mina de carbón que tiene Colombia.

De modo que los colombianos del asfalto tenemos que estar preocupados. Que habrá vigilancia, sí. Pero no la que tranquilice a los ciudadanos. Tampoco debería tranquilizar a los guerrilleros. El camino a la paz tiene muchos enemigos y todos estaríamos más tranquilos si estuvieran bien protegidos.

La mayoría de los habitantes del país es gente de buena voluntad que quiere una paz, pero no la que se está pactando en La Habana. Una paz dentro del Estado Social de Derecho, con Justicia proba, igualdad de oportunidades para quien habite el territorio nacional y cero impunidad. Que las penas sean cortas, hasta más cortas que las que tuvieron las autodefensas. Sabemos que tenemos que tragar sapitos y sapos. Pero no sapotes. Estos no caben por garganta alguna. Acabaríamos todos atragantados, incluidas instancias internacionales como Human Rights Watch y la Corte Penal Internacional.

  

Desde el asfalto

En cuestión de horas:

De la esperanza a la desesperanza

AnaMercedes Gómez Martínez

Que no vengan a decir que el Centro Democrático se montó a última hora en el bus que define las zonas de concentración en Colombia para los guerrilleros de las Farc. Y que lo hace para congraciarse con Santos, el fiscal Montealegre y el vice fiscal Perdomo.

Recuerdo que, estando en el Senado, el CD trabajó este tema y definió lo que ayer fue aprobado en Plenaria de la Cámara Alta.

En ese momento yo recordé cómo había sido la zona de concentración de una disidencia del Eln, la Corriente de Renovación Socialista, CRS, a fines del gobierno de César Gaviria. Su ministro del Interior, entonces llamado de Gobierno, era Rafael Pardo Rueda.

Los guerrilleros de la CRS se concentraron en Flor del Monte, departamento de Bolívar. Ellos estuvieron en el anillo de seguridad o círculo concéntrico más interno. Tenían sus vigilantes y nadie podía llegar a este punto sin su autorización.

Pero primero estaban, en su orden, el Ejército de Colombia y la Policía Nacional.

Quien fuera a entrar para ayudar en el diálogo que buscaba llegar a una paz negociada, tenía que parar en el retén del Ejército y mostrar su cédula de ciudadanía, o pasaporte, si se trataba de los veedores internacionales.

De ahí llamaban al segundo anillo para constatar que la persona podía seguir. En este anillo o círculo también había que identificarse. E, igualmente, llamaban al anillo interno, el de la CRS, que aprobaba o no el ingreso de la persona identificada.

Por último, se llegaba a una especie de retén de los guerrilleros, quienes autorizaban seguir al sitio de la concentración de sus tropas.

Este modelo era bueno para la institucionalidad y para los insurgentes. Y me atrevería a decir que era óptimo para la seguridad de estos últimos, porque estaban seguros de que no podía haber agentes perturbadores que pusieran en riesgo su integridad física.

En este proceso se llegó a un acuerdo final, hubo una ceremonia de entrega de armas y se firmó la paz.

Si mal no recuerdo, se abrió el cupo para que dos de ellos llegaran al Congreso de la República. Los miembros de la CRS no estaban involucrados en el narcotráfico. El país fue generoso con ellos, y ellos, en su momento, respondieron a esa confianza brindada.

Un modelo similar fue propuesto en 2014 por el Centro Democrático. Obviamente no podrían concentrarse todos los miembros de las Farc en un solo lugar. Se habló de varias zonas, con condiciones especiales.

Ayer, según documento dado a conocer por el Senador del CD, Iván Duque Márquez, se definió que fuera un número prudente de zonas, de tamaño reducido para facilitar el monitoreo y la verificación.

También, que dichas zonas no podrían tener cultivos ilícitos ni asentarse donde hubiese minería ilegal o en las fronteras con los países limítrofes.

Que, una vez ubicados en cada zona, habría un inventario de armas, dentro del proceso de dejación.

Que quienes ingresaren a estas zonas deberían estar plenamente identificados, incluso con registro dactilar y que, de necesitarse, el Estado expediría el necesario documento.

Que el destino final de las armas sería su destrucción, al finalizar el proceso  que conduciría a la paz.

Y que el monitoreo y verificación del proceso de dejación de armamento y el cese al fuego bilateral y definitivo estaría a cargo de organismos internacionales.

Esto, que fue aprobado por el Congreso ayer, abrió una luz de esperanza en quienes queremos la paz sin impunidad, con entrega de armas al final del proceso, con seguridad para los guerrilleros en las zonas de concentración, sin el peligro de que algún enemigo agazapado de la paz vulnere su seguridad.

Una luz de esperanza, porque significaba que no seguirían actuando en todos los eslabones del narcotráfico, de la minería ilegal y, tampoco, extorsionando.

Una luz de esperanza de que se haría una negociación seria que podría conducir a la paz definitiva con las Farc.

Pero la esperanza no duró ni 24 horas. El Gobierno, tan cercano a las Farc, a Cuba, al Socialismo del Siglo XXI, al Foro de Sao Paulo, no estuvo de acuerdo con lo aprobado en el Congreso.

Los líderes guerrilleros que están en La Habana, y quién sabe cuántos que están haciendo pedagogía en nuestra Patria, alzaron su voz, y ésta parece ser un mandato para la Casa de Nariño.

¿Qué dijo Jesús Santrich? Que las Farc no permitirían estar en “cárceles de techo abierto”. ¡Claro! Es mejor estar en un buen hotel habanero o colombiano, o hasta en La Casa de Nariño.

Y aprovechó para agregar que el plebiscito es inconveniente y que por eso el acuerdo no se firmará el 23 de marzo. Y que en días futuros podría haber acuerdos sobre el cese al fuego bilateral y el paramilitarismo.

¿Habrá una conexión directa entre el Gobierno de Santos y los guerrilleros? La respuesta podría ser afirmativa. Y a quienes queremos una paz en un marco de dignidad, con seguridad, sin lesionar el Estado Social de Derecho, sólo nos quedó pasar, en cuestión de horas, de la esperanza a la desesperanza. 

Saltos olímpicos: ¿Qué le pasa a Santos?

AnaMercedes Gómez Martínez

La encuesta de percepción ciudadana sobre el Gobierno en el nivel nacional, regional y local de Gallup es, en mi criterio, la mejor que se hace en Colombia. Y la que acaba de salir a la luz pública no es como para cantar el Himno a la Alegría en cuanto toca las entidades y personas a nivel nacional. También hay lunarcitos en los otros niveles, pero no admiten comparación con lo que se define en la fría capital.

Dice el nuevo Gerente General de Gallup, Martín Orozco, que la economía fue la que derrumbó la gestión de Juan Manuel Santos. Es verdad que a la economía le fue muy mal, pero no pueden desconocerse otros factores, muy importantes para el momento que vive el país, en los que Santos baja y baja. ¿Hasta dónde llegará? Porque todo lo que cae llega un momento en que se estrella contra el piso o, incluso, hace un hueco y se hunde en las profundidades de la tierra, como si fuera un meteorito. Y causa un sacudón, temblor, terremoto, o como queramos llamarlo. Y luego viene un reacomodo de la superficie, de lo que vemos.

Todas las cifras que daré comparan la percepción el 15 de diciembre de 2015 con la correspondiente al 16 de febrero de 2016.

Para mí, hay dos preguntas fundamentales. Una se refiere a la aprobación o desaprobación del modo como se está desempeñando Juan Manuel Santos. Abarca, pues, todo lo que ha hecho o dejado de hacer. Y la respuesta del ciudadano del asfalto es bien contundente: Desaprueba el 69%. Brincó de 52%. O sea, 17% en sólo dos meses.

La otra, se refiere a si las cosas en Colombia están mejorando o empeorando. La respuesta dice que el 74% cree que las cosas están empeorando. En diciembre, el 49% percibían una desmejora. Como quien dice, el salto “olímpico” fue de 25 puntos porcentuales. Y entre quienes creían que las cosas iban mejorando, la cifra pasó de 34% a 14%. El salto, “olímpico” también, fue de 20 puntos hacia abajo. El Presidente tiene que estar preocupado. Si no lo está, los preocupados somos los ciudadanos comunes y corrientes y tendremos que preguntarle: Presidente: ¿Qué le pasa?

Claro que los encuestados sienten que va mal la lucha contra la pobreza. Las cosas están empeorando para el 63%. Saltó, en los mismos dos meses, 15 puntos porcentuales. Es que las alzas ya se comieron el aumento salarial y los bolsillos más golpeados son los de quienes ganan menos y, por lo tanto, el sueldo no les alcanza para satisfacer sus necesidades más básicas: alimento, salud, vivienda, calidad de vida y recreación. Y hay quienes creen que la recreación no forma tejido social y no es fundamental para la sana convivencia, la seguridad y la paz.

En cuanto a la economía y el medio ambiente la percepción negativa brincó diez puntos: del 74 al 84%; y del 72 al 82%, respectivamente.

Refiriéndonos a la asistencia a la niñez, la desaprobación subió 16 puntos porcentuales. Y el ICBF dándoles duro a los hogares que llenan un vacío gubernamental. ¡Qué tal que no existieran!

Pero, ¡pilas! La percepción de corrupción pasó de 74 a 84 puntos porcentuales. Y en cuanto a la guerrilla, la desfavorabilidad subió 11 puntos. Pasó de 21% a 32%.

En cuanto a las negociaciones con las Farc votarían a favor de un acuerdo Colombia- Guerrilla un 53%, frente a un 63 %, hace dos meses.

A la pregunta referida a si las negociaciones del gobierno Santos con las Farc van por buen o mal camino, en diciembre 52% creían que iban por buen camino. El 16 de febrero, 36% creen que van por buen camino. El desplome es de 16 puntos porcentuales. Quienes en diciembre creían que estas negociaciones iban por mal camino era un 44%. En febrero son 57%. Un salto de 13 puntos.

Son muchas las instituciones y grupos sobre los que Gallup preguntó si había opinión favorable. Me volvería muy cansona si los menciono a todos. Pero sí me interesa resaltar que la Procuraduría subió de 51 puntos a 60, y que tiene una opinión desfavorable de 29 puntos. Que la Fiscalía subió de 39 a 44 puntos, y tiene una opinión desfavorable del 50.

Y para mí lo más importante: que la favorabilidad de las Farc pasó de 12 puntos a 6 y que la opinión desfavorable es de 91 puntos. También me interesa saber que Venezuela subió dos puntos, de 5 a 7, pero tiene una opinión desfavorable de 88 puntos porcentuales.

¿Por qué este interés? Porque estos indicadores nos dicen, así no lo haya preguntado Gallup, que los ciudadanos comunes, que tienen más sentido común, que son más aterrizados que los que tienen poder, no les creen a las Farc ni creen en el modelo venezolano, que es lo mismo que el Socialismo del Siglo XXI y el castro-chavismo. Que saben que el deber ser es ampliar la clase media, no empobrecerla, para poder llegar al estadio en el que todos tengamos las mismas oportunidades y escojamos lo que queramos ser y hacer. Eso se llama Democracia.

Lo otro es buscar la dictadura del proletariado, en la que los dictadores tienen todo, mientras la gran mayoría pasa necesidades. Para no ir muy lejos, baste ver a Cuba y a Venezuela. ¿Es ese modelo dictatorial y caudillista lo que queremos para Colombia? Muchos decimos: NO. Por eso y mucho más, marcharemos el sábado dos de abril.

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