Quedémonos y actuemos

AnaMercedes Gómez-Martínez

En el proceso de negociación de La Habana quienes hablan claro son los narcoterroristas. Por tal motivo empezaré con una cita textual de lo expresado por alias Iván Márquez el jueves 12 del presente mes de mayo, el mismo día que salió a la luz el acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el mencionado grupo narcoterrorista. Como lo oí y desgrabé, la puntuación es mía, pero creo ser fiel:

“Nuestro propósito es el Socialismo. De eso no debe caber ni la menor duda en nadie, porque sabemos que ese es el sistema que nos va a dar verdadera democracia, justicia social, paz estable y duradera y soberanía y, sobre todo, dignidad, ya que el Socialismo es dignidad”.

Primero hay que pensar sobre a qué Socialismo se refieren. Creo que no al sueco ni al español en donde hay estímulo a la empresa privada, libertad de expresión, libertad de pensamiento. Donde no hay secuestros extorsivos ni cultivos de coca ni procesamiento para sacar cocaína que inunda al país y al mundo, produciendo serios e irreversibles daños a la salud mental y física.

En estos países se ataca al terrorismo. Baste pensar en la actitud del Psoe y el pueblo de la tierra cervantina frente a las acciones de ETA. Allá duele que asesinen a un juez, a cualquier ser humano. Allá hay protestas masivas cuando ETA mata.

Creo no equivocarme si digo que se refieren al Socialismo del Siglo XXI, respaldado por el Foro de Sao Paulo, el partido comunista criollo, (tanto el visible como el que está en la sombra o Partido Comunista Clandestino, PCC), el Castro chavismo, (obviamente inspirado por los hermanos Castro), Maduro, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Dilma Roussef y Lula Da Silva en Brasil, los Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile y Ortega en Nicaragua, para mencionar a los más protagónicos.

Este Socialismo del Siglo XXI está en crisis en todos los países mencionados. Sin embargo, es el que quieren imponer en Colombia JM Santos, las Farc, y los equipos negociadores respectivos. Esto, con el apoyo de unos pocos cándidos y románticos europeos y parte de la iglesia Católica, igual de cándida y romántica.

No importa que Santos carezca de gobernabilidad, que su gestión sea aprobada apenas por el 13% de los colombianos. No importa que la favorabilidad de las Farc y el Eln esté lejos de los dos dígitos. No importa que la mayoría no crea en este proceso de negociación.

O mejor, sí importa. Por eso han hecho las cosas como las han hecho: violando la Constitución y las Leyes colombianas. Tomando el Artículo Tercero, común a los Acuerdos de Ginebra que se refiere al Derecho Internacional Humanitario y nada más.

Pretenden que lo acordado entre al bloque de Constitucionalidad, sin pasar por los ocho debates reglamentarios en la Cámara y el Senado. Que sea considerado un tratado que esté por encima de la Carta del 91 y para nada tenga que ir al pueblo, el Constituyente Primario, para su aprobación o rechazo.

Es tan absurdo lo definido en La Habana que constitucionalistas cercanos a Santos o independientes lo han rechazado. Menciono unos pocos: Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Alfonso Gómez Méndez, José Gregorio Hernández.

Y ni qué hablar de constitucionalistas que han venido alertando sobre lo que se nos venía encima como Rafael Nieto Loaiza, Fernando Londoño Hoyos, Jesús Vallejo Mejía, José Alvear Sanín.

Dirán algunos que se cede para cumplir el Artículo 22 de la Constitución de 1991 que dice que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Esto no significa que sea cualquier paz y a cualquier precio.

Tampoco, que sea acabando con el Estado de Derecho y dejando a la narco guerrilla que defina el modelo político, económico y social del país. Que defina el régimen de tierras y expropie a campesinos, como el que vimos esta semana en un video, quien lloraba porque llegaron a arrebatarle un predio que había heredado de varias generaciones y del cual vivía.

Menos, que sea dejando que se ubiquen en sitios estratégicos del país, ya sea por la cadena de la coca, la minería, la cercanía a sus fronteras amigas, la salida al Caribe o al Pacífico, o para estrangularnos, (¡cuántas veces lo he escrito!), y adueñarse del país entero. ¿Recuerdan su sueño de la República Independiente de Caquetania?

El ex fiscal Montealegre debe estar haciendo honor a su apellido: Alegre, porque logró lo que le encomendaron o diseñó él con sus amigos del monte.

¿Qué podemos hacer los colombianos que sí queremos la paz pero sin impunidad para los autores de delitos atroces, para los que minan el país, y dejan campesinos, policías y soldados muertos o mutilados?

¿Qué podemos hacer quienes no estamos de acuerdo con que Colombia haya vuelto a ser un mar de coca, lucrativo negocio? ¿Quiénes no estamos de acuerdo con que quienes la siembran, la procesan y la exportan o envician a los niños, sean considerados actores políticos porque a este crimen se le dio el estatus de delito conexo con el político?

¿Qué podemos hacer quienes nos oponemos a que los autores de crímenes atroces lleguen derecho a cargos de elección popular sin haber sido elegidos, como premio por ser “tan buenos muchachos” en las negociaciones?

¿Qué podemos hacer quienes repudiamos que dañen el ecosistema con petróleo o con los precursores químicos con los que procesan coca para vender cocaína?

Primero: Leamos con detalle la carta que el Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, le dirigió el viernes al presidente Santos. En ella explica muy bien todo lo que se fraguó la víspera y concluye que es un golpe de Estado a la democracia colombiana.

En dicha carta concluye con lo que es su obligación. Lo entrecomillo: “Teniendo en cuenta que es mi obligación velar por la vigencia de los derechos humanos y del orden jurídico, es mi deber advertir que actuar al margen de la Constitución implica consecuencias penales y disciplinarias, al igual que responsabilidad política ante los ciudadanos. Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para hacerlo de la mano de las Farc”.

Segundo: No es el momento de decir: “Apague y vámonos” sino “Quedémonos y actuemos”. Si lo hacemos, haremos la resistencia civil que ha pedido el ex presidente Álvaro Uribe y que es un mecanismo legítimo.

Resistencia civil pacífica, con respeto, argumentos y constancia. Como colombianos tenemos derecho a hacerla.

Y no sólo derecho sino obligación para lograr la paz digna, dentro del Estado Social de Derecho, con separación de poderes, estímulo a la inversión privada, justicia proba, descentralización administrativa, desarrollo rural con polos bien distribuidos, igualdad de oportunidades para todos, cohesión social, salud y educación de calidad, techo digno, servicios públicos, libertad de pensamiento y culto, conectividad y posibilidad de desarrollo, “el nuevo nombre de la paz”, según el Papa Pablo VI.

No necesitamos el Socialismo del Siglo XXI sino vivir y actuar dentro del marco de la Doctrina Social de la Iglesia Católica o dentro del HUMANISMO, con mayúscula. El marxismo y esta doctrina social no pueden ir de la mano. Aunque algunos sacerdotes crean que sí. La doctrina social del Catolicismo es el camino.